COOPERACI?N Y CONFLICTO EN EL MERCOSUR

Como el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina lo ha expresado ante la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Diputados del parlamento argentino el 12 de febrero de 200622,la Argentina tomó conocimiento del establecimiento de las pasteras, por primera vez y de modo informal, a fines de 2002.

Consecuentemente, requirió reiteradas veces a Uruguay -en el ámbito de la CARU -que le permita acceder a la documentación sobre los proyectos, a lo que Uruguay se negó, arguyendo que aún estaban bajo tratamiento en su país.

En Uruguay la Evaluación de Impacto Ambiental está regulada por la Ley 16466 de 19 de enero de 199423 , como también por el Decreto 435/94 de 21 de septiembre de 1994, el que ha sido reemplazado por el Decreto 349/05 de 28 de febrero de 2005.

Con motivo de la respuesta positiva uruguaya a ENCE para el establecimiento de la fábrica de celulosa el 9 de octubre de 2003, se ha producido el primer intercambio de notas diplomáticas entre los dos Gobiernos.

A continuación, Argentina convocó a una reunión extraordinaria de la CARU, en la que reclamó a Uruguay dar inicio al mecanismo de consulta e información previsto en el Estatuto del Río Uruguay24.

La documentación presentada por Uruguay no le pareció a Argentina suficiente como para poder estimar concretamente las consecuencias que devendrían de la construcción de los emprendimientos.

Uruguay no había tomado en consideración las obligaciones emergentes del Estatuto del Río Uruguay como tampoco la .Declaración argentino-uruguaya sobre el recurso agua de 1971.

Conforme a la teoría de la .fecha crítica., es a partir de ese momento que surge una controversia entre los dos Estados, para la que el Estatuto del Río Uruguay en sus Arts. 58 y 59 prevé que será considerada por la Comisión (a propuesta de cualquiera de las Partes) y si la Comisión no llegara a una solución en el término de 120 días, lo notificará a ambas para que procuren solucionar la cuestión por negociaciones directas.

A inicios de 2004 las dos partes contrincantes comenzaron a elaborar las modalidades de procedimiento para las negociaciones directas, las que debían prever sobre todo un mecanismo de control sobre los problemas ecológicos de las celulósicas.

El plan elaborado el 15 de marzo de 200425 , sin embargo no fue cumplimentado por Uruguay, el que en el entretiempo autorizó la construcción de una nueva fábrica perteneciente a la empresa finlandesa Botnia.

El 5 de mayo de 2005 se reunieron los Jefes de Estado, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, como también los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos Estados y acordaron el establecimiento de un Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN), que debía buscar la posible solución bajo la supervisión de los Ministros de Relaciones Exteriores.

Antes que el GTAN comenzara sus labores el 26 de junio de 2005, la Argentina hizo hecho llegar al Banco Mundial, en particular, la Corporación Financiera Internacional (CFI), al Banco Bilbao Vizcaya y el grupo holandés ING Group su inquietud por la financiación que las mismas preveían prestar a proyectos cuyo impacto ambiental no estaba cabalmente determinado26 .

Como reacción a ello, Uruguay suspendió la reunión prevista para el 5 de julio de 2005.

Recién compareció para la primera sesión el 3 de agosto de 2005, siguiendo a esta sesión reuniones mensuales alternadas en Buenos Aires y Montevideo, las que se esperaba fructificaran en un informe final de 31 de enero de 2006.

En total, doce sesiones.

En la mitad de ese plan de sesiones se produjo el tercer comportamiento ilícito atribuible a Uruguay, consistente en la autorización dada a Botnia para establecer un puerto propio sobre el Río Uruguay.

Tras el rechazo de Uruguay de los reclamos argentinos, Argentina envió una nota a Uruguay el 14 de diciembre de 2005, comunicando oficialmente que consideraba que existía una controversia entre ambos países en el sentido del Art. 60.1 del Estatuto del Río Uruguay, que la habilitaba para acudir a la Corte Internacional de Justicia.

También, hizo constar que el 30 de enero de 2006, se había cumplido el plazo de 180 días previsto en el Estatuto, quedando habilitadas las Partes a recurrir ante la Corte Internacional de Justicia.

El 23 de febrero de 2006, el Congreso argentino aprobó la decisión del Gobierno argentino de someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia, dejando sentada su disposición para una solución concreta negociada.

En ocasión de la asunción de la Presidenta chilena Michelle Bachelet, el 11 de marzo de 2006, se reencontraron los Presidentes argentino y uruguayo en Santiago de Chile y acordaron que, en respuesta al levantamiento de los cortes de los puentes (geográficamente importantes para el tránsito) Gualeguaychú, Puerto Unzué-Fray Bentos/Puente Gral. San Martín y Colón-Paysandú/Puente Gral. Artigas (que ya llevaban más de un mes y medio de interrupción por acción de los ambientalistas), como también, el de Concordia-Salto (cortado esporádicamente), las fábricas de celulosa suspenderían los trabajos por unos 90 días.

El 21 de marzo de 2006 los asambleístas levantaron el bloqueo de la Ruta 136 (Gualeguaychú-Fray Bentos) y al día siguiente, los ocupantes del puente Colón-Paysandú liberaron su cierre; consecuentemente, Botnia anunció el 27 de marzo de 2006 la suspensión de los trabajos de construcción por 90 días.